La gestión financiera personal es un aspecto clave para evitar o resolver problemas de deudas. Sin embargo, a veces las circunstancias te llevan a enfrentarte a un embargo judicial, una situación que afecta tu tranquilidad y tu patrimonio.
En este artículo te explicaremos qué es declararse insolvente, qué tipos existen y cómo declararse insolvente en España de manera eficaz y sin complicaciones.
Insolvente es un adjetivo que se aplica a una persona o entidad que no puede pagar sus deudas o cumplir con sus obligaciones financieras. La insolvencia puede ser temporal o definitiva, según la capacidad de generar ingresos o activos para saldar los pasivos.
Entonces, ¿qué es declararse insolvente? Esto significa reconocer legalmente que no se tiene capacidad para pagar las deudas contraídas con los acreedores. Esta declaración es voluntaria o forzosa, según sea el caso.
La declaración voluntaria se produce cuando el propio deudor solicita al juzgado que se le reconozca como insolvente y se le aplique un procedimiento concursal. El objetivo es llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar o cancelar las deudas.
La declaración forzosa sucede cuando son los acreedores los que solicitan al juzgado que se declare al deudor insolvente y se le embarguen sus bienes. Se busca recuperar el dinero adeudado mediante la liquidación del patrimonio del deudor.
Los requisitos para declararse insolvente en España dependen del tipo de persona que solicita la declaración: si es una persona física o una persona jurídica.
Para las personas físicas, los requisitos generales son:
Tener una residencia habitual en España.
Tener una situación de insolvencia actual o inminente, es decir, no poder pagar las deudas vencidas o las que vayan a vencer en breve.
Tener un pasivo (deudas) superior a 5.000 euros.
No haber sido declarado insolvente en los últimos 5 años ni haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) en los últimos 10 años.
No haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años.
Para las personas jurídicas, los requisitos generales son:
Tener una sede social o un establecimiento permanente en España.
Tener una situación de insolvencia actual o inminente, es decir, no poder pagar las deudas vencidas o las que vayan a vencer en breve.
No haber sido declarado insolvente en los últimos 2 años ni haber obtenido la homologación judicial de un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) en los últimos 3 años.
No haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años.
Pero, ¿cómo declararse insolvente? El proceso de declaración es parecida para todos los tipos de insolvencia, y se inicia con la presentación de una solicitud ante el juzgado competente, acompañada de la documentación necesaria para acreditar la situación económica del solicitante.
La solicitud de insolvencia económica puede ser presentada por el propio deudor o por alguno de sus acreedores. En este último caso, el acreedor debe demostrar que tiene un crédito legítimo y exigible contra el deudor y que este se encuentra en situación de insolvencia.
Una vez admitida la solicitud de declaración de insolvencia, el juez nombrará un administrador concursal, que será el encargado de supervisar el proceso y velar por los intereses de las partes. El administrador concursal elaborará un informe sobre la situación patrimonial del deudor y la relación de sus acreedores.
A continuación, se abrirá una fase de negociación entre el deudor y los acreedores, con el fin de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) que permita reestructurar o cancelar las deudas.
El acuerdo debe ser aprobado por el juez y cumplir con unos requisitos mínimos, como el pago de los créditos privilegiados y el respeto a los derechos de los trabajadores.
Si no se logra un acuerdo extrajudicial de pagos, se abrirá una fase de liquidación, en la que se procederá a la venta de los bienes y propiedades del deudor para pagar a los acreedores según el orden de prelación establecido por la ley.
Finalmente, si el deudor es una persona física y cumple con unos requisitos adicionales, podrá solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), que le permitirá liberarse de las deudas que no haya podido pagar con la liquidación de su patrimonio y obtener su certificado de insolvencia.
La Ley de la Segunda Oportunidad es una normativa que permite a las personas insolventes acogerse a un procedimiento extrajudicial para negociar con sus acreedores y obtener una quita o una espera de sus deudas.
Si no se llega a un acuerdo, se solicita al juez el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, la cancelación de las deudas que no se puedan pagar.
Esta ley puede ser una solución para muchas personas que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento y no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras.
Sin embargo, también tiene sus desventajas y no es la única alternativa que existe. En Bravo te ofrecemos una opción más rápida, sencilla y eficaz para salir de tus deudas.
La Ley de Segunda Oportunidad tiene una serie de requisitos y condiciones que pueden dificultar su aplicación y limitar sus beneficios. Algunas de estas desventajas son:
No todas las deudas son exonerables. La ley excluye las deudas públicas, como las tributarias o las de la Seguridad Social, y las derivadas de responsabilidad civil por daños personales o por delitos.
El procedimiento tiende a ser largo y costoso. Se requiere la intervención de un mediador concursal, un notario o un registrador mercantil, y un abogado y un procurador. Además, se deben pagar las tasas judiciales y los honorarios profesionales.
El beneficio de la exoneración no es automático ni definitivo. El juez puede denegarlo si considera que el deudor no ha actuado de buena fe o si incumple el plan de pagos establecido. Además, el beneficio puede ser revocado si el deudor mejora su situación económica en los cinco años siguientes o si se descubre que ocultó bienes o ingresos.
El beneficio tiene consecuencias negativas en el historial crediticio. El deudor queda registrado en los ficheros de morosidad durante los cinco años siguientes a la exoneración, lo que dificulta su acceso al crédito y a otros servicios financieros.
Hay muchos pros y contras de declararse insolvente, pero aun así tiene un impacto negativo en tu vida financiera y personal. Algunas de las consecuencias de declararse insolvente en España que se puede acarrear son:
Pérdida o limitación del patrimonio. Al declararte insolvente, puedes perder tus bienes embargados o ver limitada tu capacidad para disponer de ellos. Esto afecta a tu vivienda habitual, tu vehículo, tus cuentas bancarias o tus inversiones.
Pérdida o reducción del salario. Si te embargan el salario, puedes perder una parte importante de tus ingresos mensuales, lo que dificulta tu capacidad para cubrir tus gastos básicos y ahorrar para el futuro.
Pérdida o deterioro de las relaciones personales y profesionales. Al declararte insolvente, puedes sufrir el rechazo o el juicio negativo de tu entorno, lo que lastima a tu autoestima y a tu salud mental. Además, puedes tener problemas para acceder a un empleo, a una vivienda u otros servicios que requieran una garantía de solvencia.
Declararse insolvente ante Hacienda es una decisión difícil pero a veces necesaria para salir de una situación económica insostenible. Si no puedes pagar tus deudas y quieres declararte insolvente, debes cumplir unos requisitos, seguir unos pasos y asumir unas consecuencias.
Pero declararse insolvente también puede ser una oportunidad para reestructurar tus deudas y obtener una segunda oportunidad. En cualquier caso, no es algo que debas hacer solo. Necesitas el asesoramiento de un abogado especializado y el apoyo de una empresa como Bravo, que te ofrece soluciones financieras adaptadas a tu situación y te ayuda a recuperar tu equilibrio económico.
Recuerda que lo más importante es mantener un equilibrio en tus finanzas personales. Esto significa que debes controlar tus ingresos y gastos, evitar endeudarte más de lo que puedes pagar, ahorrar para imprevistos y planificar tu futuro financiero.
Si sigues estos consejos, podrás evitar caer en la insolvencia o salir de ella lo antes posible. Y si necesitas ayuda, cuenta con Bravo, tu aliado financiero.
País
España
C. de Velázquez, 50, planta 4º, 28001 Madrid, España. Sitio 100% seguro. Tu información es confidencial y está completamente protegida por certificados de seguridad.
go Bravo ® Todos los derechos reservados